Los políticos hacen las leyes, los jueces las interpretan y la policía las ejecuta.
Ultimamente están teniendo bastante aceptación los tribunales populares. Aunque actualmente se les utiliza sólo para casos menores, pueden ser un instrumento muy útil para juzgar los grandes temas que afectan a todos los ciudadanos.
Los jueces se dedicarían a juzgar los casos particulares, casos locales que no afecten a la totalidad de los ciudadanos.
Casos que juzgaría un tribunal popular:
Políticos que apoyan o rechazan leyes a cambio de dinero, influencias o prebendas.
Políticos que defienden o colaboran directa o indirectamente con actividades terroristas.
Políticos que pretenden robar a los ciudadanos un trozo de su país y hacen un abusivo y deshonesto de sus cargos públicos.
Jueces que cometen delitos de forma continuada en el ejercicio de sus funciones.
Policías que colaboran con el terrorismo o se dedican a actividades como el tráfico de drogas, extorsión o explotación de mujeres.
Delitos cometidos por directivos de grandes bancos, directivos de grandes empresas, alcaldes, concejales y otros cargos públicos.
La justicia ordinaria no está moralmente capacitada para juzgar delitos cometidos por miembros de esos colectivos. Los casos se desestiman, se recurren indefinidamente, se traspapelan, prescriben, en fin, lo que todo el mundo sabe.
Un tribunal popular formado por un millar de personas que no formen parte de estos colectivos, repartidas por todo el país, tendrían en sus manos los detalles del caso (20 folios para argumentar la acusación y 20 folios para argumentar la defensa), lo valorarían y votarían libremente con su DNI electrónico desde sus domicilios o desde cualquier edificio público con acceso a Internet.
Del mismo modo que se eligen aleatoriamente los componentes de una mesa electoral, se puede elegir aleatoriamente un tribunal popular para cada caso que haya que juzgar. Rápido, justo y democrático.
